Mayo 2010 – GERÓNIMO BONAVERA

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Contador Público Nacional, experto en Seguridad Vial y políticas de Prevención Asesor de diferentes gobiernos en temas relacionados a la Seguridad Vial. Por sobre todas las cosas es un Formador de Conciencia Vial El lema de su vida: “Sin compromiso individual es inutil pensar en cambiar la realidad”

¿Por qué debe incorporarse el problema de la siniestralidad vial a la agenda pública?

El problema de la siniestralidad vial, con su secuela de muertes, lesionados y daños colaterales, debe ser incorporado en forma urgente no sólo a la Agenda Pública, sino también, en el diálogo familiar cotidiano, si es que pretendemos que en el mediano plazo la sociedad reduzca el índice de riesgo a que está sometida.

Desde una concepción facilista de la búsqueda de soluciones, se plantea constantemente que la Educación Vial obligatoria desde el Jardín de Infantes es el camino más seguro para cambiar la triste realidad actual.  Sin embargo, y no dejando de reconocerle la importancia que la propuesta merece, es un planteo erróneo si se lo aísla de otras acciones que deben encararse en forma conjunta, paralela y previas para resolver problemas conceptuales, estructurales y prácticos que permitan implementarlo. Creo que por ser un tema de conductas sociales, entendidas como la sumatoria de las conductas individuales, la llamada Educación Vial debiera enfocarse como “Uso Responsable y Solidario de la Vía Pública”, ya que es el único espacio social “público” de uso compartido obligatorio para el desplazamiento de las personas en cumplimiento de todas sus actividades cotidianas.

Entonces ¿cuál es el significado de incluirla curricularmente?

Incluirla en la currícula escolar es una verdadera inversión, ya que los niños que reciban esta capacitación empezarán a ser directos responsables de evitar la siniestralidad cuando hayan avanzado en su edad biológica. Por lo tanto, la generación que comience por recibir esta enseñanza formal influirá, en bajar el índice de riesgo,  muchos años después de esa iniciación. Mientras van compartiendo prácticas, viciosas e infractoras (¿enseñanzas?), que sus propios padres y los adultos que los educan tienen como normal en el uso de la vía pública. Es por ello que, junto a la enseñanza que se debe impartir al niño y joven en la escuela, se debe actuar sobre la reeducación de los adultos que son los que hoy generan el caos que tanto preocupa. Una de las formas debe darse en el seno familiar generando, a través del diálogo, el compromiso de cada miembro de no asumir conductas de riesgo vial.

O sea, mientras educamos hacia el futuro debemos controlar y sancionar, dentro de los términos legales, a los adultos, para que el mensaje que le llegue al escolar esté exento de un doble discurso y pueda éste ver en la práctica los buenos resultados que se obtienen aplicando los conceptos de responsabilidad que recibe en la escuela. Actuar en contrario es, a mi entender, una de las mayores hipocresías de una sociedad que tiene el riesgo siniestral de circulación que tolera, como sumatoria de las conductas individuales infractoras, cuando no delictuales.

¿Estamos en condiciones de hacerlo? ¿están nuestros docentes preparados?

No están resueltos algunos requisitos previos para la instrumentación de la Educación para el Uso Responsable y Solidario de la Vía Pública en la enseñanza formal. El más significativo de ellos es que no hay docentes capacitados para su dictado, por lo que el primer paso que deben dar los Ministerios o Consejos de Educación  debe ser incorporar el tema como “terminalidad” en los Institutos de Formación Docente para no abusar de la buena voluntad e intención que tienen muchos de ellos que se abocan a abordar el problema con los alumnos, haciendo malabares para encontrar materiales y textos que vayan más allá de las señales de tránsito y alguna parte del texto legal que lo regula. Estos son verdaderos pioneros en la materia, y como tales, carecen de todo tipo de apoyo “sistemático” del Estado en todos sus niveles.

¿Y qué saberes deberán incorporar esos docentes?

Otro tema que debe resolverse con prioridad es determinar los saberes que deben incorporar los docentes que se inscriban en esta nueva terminalidad de su profesión.  Parece, desde lo profano, un tema menor, pero no lo es, toda vez que el uso responsable de la vía pública para evitar consecuencia siniestrales, se basa en muchos más conocimientos que las simples reglas de circulación que establecen ordenanzas y leyes específicas. Partiendo de las Constituciones Nacional y Provinciales, se debe seguir por los Códigos Civiles y Penales y sus respectivos de Procedimientos, en lo que hace a derechos, obligaciones y consecuencias jurídicas que debe enfrentar el ciudadano que infringe una norma de tránsito. No debe olvidarse nunca que hay una línea muy delgada que separa la comisión de una infracción de tránsito de un delito penado con privación de la libertad. La psicología y la medicina tienen mucho que aportar en la materia, así como la sociología en lo que hace a analizar la tendencia a la anomia que tenemos los latinos, entre otras conductas. La matemática, la física, la química ayudan a comprender temas de prevención como velocidad, reacciones de los cuerpos ante los impactos y por influencia del consumo y uso de drogas y alcohol, como del stress de la sociedad actual.

Y,  quienes no estudian…¿en qué condiciones están?

Siendo la enseñanza un derecho universal y pensando que la vía pública la usan tanto los ciudadanos escolarizados como los que no lo son, el siguiente desafío que debe enfrentarse es como igualar en conocimientos sobre uso responsable de la vía pública a aquellos estudiantes que por distintas razones no culminan los ciclos formales de la enseñanza.  En muchos lugares, principalmente en el caso de estudiantes secundarios, el índice de deserción escolar es muy importante, por lo que debe cubrirse desde la enseñanza no formal o comunitaria el déficit de conocimientos sobre el tema que implica tal situación. Esto es necesario para que, en un proyecto de sociedad justa, no haya ciudadanos que se sometan o sometan a otros a riesgos siniestrales de circulación por falta de oportunidad de aprendizaje.

¿se puede argumentar falta de recursos?     

No se puede argumentar falta de recursos para llevar adelante la propuesta, toda vez que la misma ley de tránsito establece que el destino de los fondos que el Estado cobra en concepto de multas debe aplicarse a cumplir los objetivos que fija la misma ley. Entre esos objetivos está la Educación Vial obligatoria y la capacitación permanente de funcionarios relacionados con la materia –incluyo a los docentes-. Simplemente hay que dejar de mandar esos fondos a Rentas Generales de los Presupuestos y destinarlos a financiar la educación de los ciudadanos para lograr una mejor convivencia en la vía pública, reemplazando la situación de supervivencia que afrontamos en la actualidad.

Gerónimo Bonavera
Sitio web: http://www.concienciavial.org.ar
Perfil de Facebook: http://www.facebook.com/bonavera 
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Ricardo Rambaudi